Ni lo que se puede ni lo que se quiere: lo que se debe

 

“Nunca he participado de esa idea de que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Para mí, hay una tercera fórmula que es la verdadera. En política, como en todo, se hace lo que se debe, y cuando lo que se puede hacer es malo, ¡no se hace nada!”

Leandro Alem

 

Nunca supe cuándo ni entendí cómo mi partido, la Unión Cívica Radical, entregó las banderas de la lucha por los derechos humanos.

En 1983, como candidato a presidente de la Nación, Raúl Alfonsín prometió que, en caso de ganar, derogaría la llamada “ley de autoamnistía” dictada por los jefes militares en su huida, tratando de asegurarse su impunidad por los crímenes cometidos durante la dictadura. El candidato peronista, Ítalo Luder, en cambio dijo que la mantendría vigente, con no sé qué argumento de la seguridad jurídica. Alfonsín ganó las elecciones, asumió como presidente y de inmediato derogó la ley de impunidad.

Alfonsín también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el cometido de investigar los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones cometidos por orden de los dictadores. Confió la presidencia al escritor Ernesto Sábato y convocó para integrarla a grandes personalidades (Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Gregorio Klimovsky, Graciela Fernández Meijide, el rabino Marshall Meyer, el obispo Jaime de Nevares, el pastor Carlos Gattinoni y Eduardo Rabossi, entre otros). Las fuerzas políticas democráticas fueron invitadas también a formar parte de la CONADEP, y la UCR designó sus representantes, pero el Partido Justicialista se negó a integrarla. No fue parte, de ese modo, de la elaboración del Nunca Más, el testimonio más contundente que enumera y describe las sistemáticas violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.

Casi simultáneamente, Alfonsín impulsó los juicios contra las juntas militares. Y cuando los tribunales propios de las fuerzas armadas se negaron a continuar con esos procesos, dispuso que fueran seguidos por la Cámara Federal en el Criminal y Correccional Federal porteña. La sentencia con las condenas a Jorge Videla, Eduardo Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti fue ejemplar e inédita. No hubo –no hay todavía – un antecedente similar no sólo en la historia argentina, sino en todo el mundo.

Por eso reitero: no sé cuándo ni entiendo cómo el radicalismo resignó esta causa. Y mucho menos cómo se convirtió en abanderado Néstor Kirchner, un dirigente de ese mismo peronismo que no hubiese derogado la autoamnistía, que no integró la CONADEP ni apoyó los juicios a las juntas. Un Kirchner que en plena dictadura, mientras Alfonsín integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y presentaba –por él escritos y firmados– los habeas corpus para reclamar por la aparición con vida de personas secuestradas, hacía “militancia inmobiliaria”, al decir de su compañero Carlos Menem.

 

La UCR frente a la derecha populista

 

“¿Y qué hacen estos sabios economistas? ¡Muy sabios en la economía privada, para enriquecerse ellos! En cuanto a las finanzas públicas, ya véis la desastrosa situación a que nos han traído!”
Leandro Alem

 

Hoy no estoy entendiendo cómo ni por qué hay dirigentes y referentes de mi partido que dudan sobre qué rol debe cumplir la UCR frente al gobierno de Javier Milei, o –peor todavía– que directamente creen que “hay que darle herramientas” para que lleve a cabo sus políticas de ajuste económico, eliminación de derechos sociales, restricción a las libertades individuales y enajenación del patrimonio público.

La discusión se reavivó en estos días, a partir de la votación en el Senado de la Nación mayoritariamente en contra del célebre “decreto de necesidad y urgencia” o “DNU” mediante el cual Milei pretende que le sea convalidado el ejercicio de una enorme cantidad de funciones propias del Congreso, no del Poder Ejecutivo. En particular, en el centro del escenario fue instalado Martín Lousteau, actual presidente del Comité Nacional de la UCR y también senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, condición en la cual votó en contra de ese DNU. Desde entonces, la tropilla de tuiteros libertarios (que operan desde la mismísima Casa Rosada y cobran sueldos que seguramente pagamos con la nuestra) no ha parado de hostigar a Lousteau en las redes sociales.

Tal vez más que el voto de Lousteau, lo que les ha molestado sean sus argumentaciones. Veamos algunos de sus expresiones al adelantar su rechazo al DNU de Milei:

 

“Voy a votar en contra el DNU, y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar.  (…) Son más de 300 artículos que derogan más de 80 leyes. Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que, en democracia, las formas son el fondo. Insisto: en democracia, las formas son el fondo.

“En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice ‘Eso es ilegal’ se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice ‘Eso es ilegal’ se empieza: ‘Bueno, pero si lo hago yo que en realidad tengo buenas intenciones…’ o ‘En realidad, lo hizo el otro antes...’.

“Y los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y de la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Y lo pueden justificar en algunos casos por convicción –porque las mutaron–, en otro por conveniencia, en otros por temor –porque éste es un presidente y un gobierno que amedrenta, que atemoriza, que amenaza–, o también porque el fin justifica los medios.

“Entonces, los que avalan esta herramienta hoy, o antes, a cualquier costo, en el fondo están creando un monstruo. ¿Qué monstruo? El que está escuchando, que imagine al presidente o a la presidenta que más aborrece, al que más miedo le tiene. Imagine que ésa es la persona que ahora está en el poder. Imagine que ahora puede usar este DNU en contra de lo que uno cree.

“(…) No hay circunstancias excepcionales, no hay imposibilidad de trámite ordinario y no hay transitoriedad. Entonces, el DNU es inconstitucional.

“Por último, el DNU también tiene emergencias, es una delegación de poder y tenemos que preguntarnos a quién le delegamos poder. Voy a describir algunas cosas que el presidente dice de sí mismo. Dice que es anarcocapitalista. Pero como se choca con la realidad, solamente es minarquista, es decir que lo único que quiere que provea el Estado es justicia y seguridad, ni educación, ni jubilaciones ni salud..., nada.

“Es insensible cuando dice que solamente hay un 15% de pobres entre los jubilados y entonces les vamos a seguir castigando las jubilaciones. Es insensible ante las madres que tienen que cambiar a sus hijos de escuela. Es insensible ante quienes están enfermos y perdieron la prepaga. Es insensible para con las pymes.

“Además, es el presidente de un gobierno que tiene muchos vínculos e incompatibilidades, conflictos de intereses con empresas privadas. Se ven rampantes por el gobierno. (…) Entre las petroleras y el que tiene que viajar, prefiere a las petroleras. Entre las farmacéuticas y los jubilados o los enfermos, prefiere a las farmacéuticas. Entre las tabacaleras y la salud de nuestros jóvenes, prefiere las tabacaleras.

“Es un presidente que miente. (…) Es un presidente que va a un programa y dice que está dando ayuda escolar a familias, pero no existe la ayuda escolar.

“Es un presidente que denuncia en una escuela adoctrinamiento mientras, al mismo tiempo, va y adoctrina.

“Es un presidente que dice que no sabe lo que firma, y es un presidente que ataca a su vicepresidenta.

“Dice que los que no piensan como él son casta y que los que tiene alrededor no lo ven. Es decir que tiene el sueño de la casta propia. Ataca a los que piensan distinto, agrede, se burla... Como dijo Martín Kohan, está poniendo de moda la crueldad en la Argentina.

“Avasalla las autonomías provinciales, desfinancia la educación, les baja el ingreso a los jubilados, no manda la ley de presupuesto en connivencia con el gobierno anterior.

“Y acumula poder e infunde temor.

“Entonces, a una persona así creo que no hay que darle un DNU, además de que es inconstitucional.”

 

Como dice Lousteau –y, por cierto, reafirma la gran mayoría de los constitucionalistas argentinos– el DNU de Milei es inconstitucional. Ya ese carácter debiera cerrar la discusión. Y entonces no habría que preguntarse por qué Lousteau no apoyó el DNU, sino cómo ha sido posible que, aunque en minoría, otros 25 senadores nacionales hayan votado afirmativamente semejante esperpento jurídico. Tal vez se pueda encontrar alguna explicación en las presiones, las amenazas y las extorsiones que, se afirma, abundan por estos días en los ámbitos del poder.

La cuestión es que los trolls mileístas apuntan ahora todos sus cañones contra Lousteau y no contra ninguno de los otros 41 senadores que votaron como él ni de los 4 que se abstuvieron. Y hay razones para eso.

En los últimos meses (tal vez desde más atrás, desde que se definieron las posturas de los partidos ante el ballotage que convirtió a Milei en presidente) hay muy fuertes presiones sobre el radicalismo para domesticarlo, para que sea un silencioso acompañante del actual gobierno populista de derecha (ver mi opinión sobre este gobierno en Sacando máscaras en tiempos de carnaval). No sólo quieren humillarlo (al tratar a los radicales de “putitas del peronismo” y al referirse a Raúl Alfonsín como “el fracasado hiperinflacionario de Chascomús que abandonó el gobierno”) sino que pretenden que los legisladores de la UCR voten calladamente lo que ellos proponen. Y lo hacen no porque hayan cambiado la opinión que tienen del radicalismo (y, con él, de sus valores, sus convicciones y su historia), sino porque, como quedó demostrado, sin los votos de los legisladores radicales no hay DNU ni ley ómnibus ni nada por el estilo.

La elección de Martín Lousteau como presidente del Comité Nacional de la UCR –hace pocos meses, en diciembre de 2023– ha sido precisamente un acto de reafirmación de la identidad radical. Con él, la UCR está diciendo: Somos oposición, vamos a impedir que la derecha populista avance sobre las libertades individuales y los derechos sociales, y sensatamente vamos a acompañar las propuestas que sean beneficiosas para el país y para los trabajadores, los jubilados, los marginados y todos aquellos que más han sufrido las consecuencias de las políticas del populismo peronista de las dos décadas precedentes.

Lousteau, y lo que él representa, amenaza a quienes pretenden una UCR domesticada.

Y entonces se impone preguntar a quienes pregonan una actitud colaboracionista del radicalismo:

¿Cuáles serían las razones por las cuales los radicales tendríamos que apoyar un modelo que en apenas 100 días de gestión ha hecho que las jubilaciones perdieran un 42% de su poder adquisitivo, y los salarios un 13,7%?

¿Qué tiene en común con nuestra historia un gobierno que ha hecho que la industria utilice apenas el 54,6% de su capacidad instalada, por debajo incluso de 2020, en plena pandemia?

O, en términos más pragmáticos, ¿qué beneficio podríamos obtener apoyando a quienes acumulan un 71,3% de inflación, haciendo que, después de muchos años, el salario promedio ($ 555.269) esté por debajo del costo de la canasta básica ($ 596.823)?

¿En qué nos parecemos a quienes, en lugar de hacer el ajuste sobre los más poderosos (“la casta”, como prometían y aún pregonan), prefieren hacerlo, al modo clásico, sobre los más desprotegidos? Los números son elocuentes: el consumo de alimentos descendió un 32,5%, la venta en las farmacias un 42,4%, las ventas en general un 23% y el consumo de la población un 25%. Y eso ha llevado a que hoy un 57% de los argentinos viva por debajo de la línea de pobreza.

 

Una mención necesaria

No quiero terminar estas líneas sin expresar públicamente la frustración que me provoca no encontrar en el Comité Luján de la UCR un ámbito en el que discutir estas cuestiones.

Hace tres años que Ezequiel Pérez Naveiro es el presidente del radicalismo local. Y al vergonzante récord de haber perdido en dos años las cinco bancas de concejales y las dos de consejeros escolares que tenía nuestro partido, se suma ahora el de ser la gestión partidaria que más tiempo lleva con las puertas de nuestra sede cerradas. No hay plenarios ni ningún otro tipo de reuniones en las que los afiliados y militantes podamos informarnos, opinar y debatir lo que está pasando en el país.

Convertida en un apéndice del vecinalismo sallaberrista, la conducción oficial de la UCR de Luján es apenas un sello. Y, encima, malversado por sus portadores, como ocurrió hace un par de semanas, cuando emitieron un gracioso comunicado para aplaudir la aprobación en general de la "ley ómnibus", apenas unas horas antes de que ese otro adefesio ilegal se cayera en la Cámara de Diputados de la Nación.

Probablemente en noviembre de este año haya elecciones internas en el radicalismo bonaerense. Sería un grave error dejar nuevamente en esas manos a la UCR de Luján.