Otro IMPUESTAZO del intendente Boto

 

Matías Braticevic, Susana Busso, Pablo Carnevale, Camila Díaz, María de la Paz Elías, Francisco Giaccaglia, Alejandra Juárez, Agustín Musso, Andrés Salvatto y Micaela Varela son los diez concejales opocialistas de Luján. Sólo ellos pueden frenar el nuevo impuestazo del intendente Leonardo Boto, si no se sientan a permitir que sus colegas ofisitores aprueben otro saqueo a los bolsillos de los lujanenses.

 

Crece la voracidad fiscal de Boto

El gobierno del intendente Leonardo Boto ha enviado al Concejo Deliberante un proyecto para crear nuevos tributos municipales.

En primer lugar, propone la creación de lo que denomina Tasa por Servicios de Protección Ambiental, que en realidad encubre tres nuevas obligaciones fiscales: una por la “Emisión de Gases Contaminantes”, otra por la “Gestión de Neumáticos” y otra por la “´Gestión de Residuos”. Y en otro capítulo de su proyecto, impulsa una nueva “Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes”. O sea, mucho gre gre para decir Gregorio: pomposo palabrerío para meternos la mano en el bolsillo, una vez más.

El primer “impuesto”, que hace alusión a la emisión de gases contaminantes, quiere gravar la utilización, dentro del Partido de Luján, de “la utilización (…) de los elementos mecánicos que para su funcionamiento requieran del uso de combustibles líquidos, sólidos o gaseosos considerados perjudiciales para el medio ambiente”. La tasa pretendida es del 2,5% del precio final de venta de cada producto. Y la obligación sería para todo el que cargara nafta, gasoil o GNC en cualquier estación de servicio del Partido de Luján, exceptuando únicamente a quienes lo hicieran para utilizar industrialmente el combustible (como, por ejemplo, la central termoeléctrica de Araucaria Energy).

En el caso de la gestión de neumáticos, el pago sería por “el control del almacenamiento, traslado y reciclado de neumáticos fuera de uso”, y el proyecto quiere fijar una escala de tarifas, según el tipo de elemento, desde el utilizado para motocicletas hasta aquellos destinados a la aeronavegación y a vehículos “fuera de ruta”.

Sólo en el gravamen por la gestión de residuos la propuesta del intendente Boto menciona a qué sería destinada la recaudación, enumerando objetivos tan vagos como la promoción y difusión de programas para la gestión diferenciada de residuos, la selección en origen de los mismos y el uso de energías renovables. Los obligados serían todos los clientes de comercios considerados “grandes generadores” de desechos, con dudoso criterio para la inclusión de algún rubro. Y las sumas a pagar se calcularían así: a) el 1,5% del total de cada compra en super, hiper y minimercados; b) el 1,2% del total del ticket para los clientes de locales comerciales en shoppings; c) el 1,3% del total consumido en restaurantes, bares y rotiserías de shoppings; d) el 2,5% de cada factura emitida por hoteles de 4 y 5 estrellas; e) el 2% del consumo final mensual de cada tarjeta de crédito o de débito.

Finalmente, en el caso de la tasa que pretende gravar el consumo de gas por redes, la alícuota sería del 4% del total consumido, ahora sí deducidos otros impuestos.

 

Son burros, regresivos e indolentes

Hay una enorme cantidad de argumentos para rechazar esta pretensión del intendente Boto. Y eso no significa sólo votar en contra, sino utilizar todos los recursos que la ley otorga a los concejales para impedir su aprobación, como se verá más adelante.

Para quienes tengan dudas, va acá una somera mención de razones para estar en contra de este nuevo impuestazo:

§  Existe abundante literatura de juristas especializados en derecho tributario, administrativo y constitucional, y también numerosa jurisprudencia de diversos tribunales (incluyendo a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación) que sostiene que los municipios tienen limitada su capacidad de generar obligaciones fiscales a aquéllas que tengan como finalidad financiar la prestación de un servicio concreto. La “tasa” es la contraprestación que deben pagar los contribuyentes por beneficiarse con el servicio que recibe; y su monto debe ser equivalente al resultado de prorratear entre todos los beneficiarios del mismo el costo que el municipio tiene para brindarlo. En ninguno de los tributos que quiere crear el botismo aparece con claridad qué prestación brindaría la Comuna a los vecinos a cambio del dinero que aportaran. Como correlato, en el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024 no existen partidas previstas que tengan como objeto financiar programas cuya descripción se parezca en algo a lo que se enuncia ahora.

§  En algún caso, como el de la pretendida Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, desde su propia denominación hace referencia a una actividad imposible. No son las municipalidades las que realizan el control del funcionamiento de las redes de gas, sino el Estado nacional. Y la contribución para ello ya la hacen los usuarios del servicio mediante el pago de la factura. Pretender cobrarles nuevamente lo que ya están pagando se llama técnicamente “doble imposición”, y por lo tanto es confiscatorio, es ilegal, es inconstitucional.

§  ¿Cuál podría ser el servicio que podría brindar el Municipio a cambio de cobrar una tasa por el uso de combustibles “considerados perjudiciales para el medio ambiente”? ¿Quién es el que los “considera” perjudiciales? Así enunciado, este tributo tiene más característica de impuesto que de tasa, y parece una penalización a los usuarios de vehículos que compran en Luján nafta, gasoil o GNC.

§  En ese caso, además, es sabido que el 38% del precio final del combustible se debe a la imposición de gravámenes por parte del Estado. Como la tasa que se quiere cobrar sería del 2,5% del precio final de venta, en este caso habría un tributo que se cobraría sobre otros tributos. Y eso también es confiscatorio.

§  Entre las imposiciones fiscales que el Estado nacional cobra a través de los combustibles, están los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Justamente esta semana eso ha sido noticia, porque el gobierno de Javier Milei y Luis Caputo, en su desesperación por obtener recursos, incrementó los combustibles en casi un 5%, como consecuencia de aumentar estos tributos, dentro de su intención de subirlos en un 630% durante la primera mitad de este año. Si esos conceptos fiscales ya existen en la órbita nacional, no puede un municipio volver a imponerlos. Nuevamente, se trataría de una doble imposición. La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548, en su artículo 9, inciso b), establece que las provincias que adhieran a ese régimen (entre ellas, la Provincia de Buenos Aires), se obligan “a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley”. En el caso de los municipios bonaerenses, como Luján, esto es particularmente significativo porque percibe una parte de la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Algo similar ocurre con el Decreto-Ley N° 505/1958, de creación de la Dirección Nacional de Vialidad, que en su artículo 29, inciso c), estipula el compromiso de las provincias, y de sus municipalidades, a “no establecer otros gravámenes locales sobre los combustibles líquidos y no gravar a los lubricantes con impuesto alguno”.

§  No hay política tributaria más regresiva que la que se basa en imponer obligaciones al consumo, porque hace recaer el peso fiscal fundamentalmente en los sectores de menores recursos. Para quienes menos ganan, el consumo –sobre todo de bienes y servicios esenciales– incide sobre sus ingresos mucho más que para los de posición más acomodada. Gravar entonces indiscriminadamente el consumo de combustible o de gas natural domiciliario, imponer a todos la misma obligación, lejos de ser una política de equidad fiscal es absolutamente regresivo.

§  La generalización del tributo a los combustibles impactaría en todos los precios, comenzando por el transporte público. Y, en el absurdo, el propio Municipio y todas las dependencias oficiales, así como la Policía y Bomberos Voluntarios, estarían obligados a pagar los combustibles más caros si siguieran adquiriéndolos en Luján.

§  Las compras con tarjetas de crédito o de débito en super, hiper y minimercados tendrían una multiplicidad de imposiciones fiscales: a las que ya existen, como el IVA, se sumarían la que pretende gravar las compras en ese tipo de establecimiento y la que considera una “gran generación de residuos” la emisión de los resúmenes de cuenta. Un disparate propio de mentes afiebradas, desesperadas por rapiñar en los bolsillos de los vecinos y las vecinas de Luján.

 

No-hay-pla-ta

Tanta voracidad fiscal del intendente Boto tiene una explicación. En 2024, en términos comparativos, la Municipalidad de Luján tendrá una importante merma de ingresos, que se sentirá en todos los rubros de los recursos a percibir durante el corriente ejercicio. Y en ello incidirán tanto causas políticas como algún hecho fortuito y hasta los desaciertos de la propia gestión del intendente Boto.

La primera explicación es más que evidente: el cambio de signo político en el gobierno nacional rompió con el “alineamiento de planetas” que tantos fondos públicos derramó en Luján durante el período 2019-2023. Como si eso no fuera suficiente, el brutal ajuste fiscal que llevan adelante el presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo ha recortado ferozmente la provisión de recursos a las provincias y, desde éstas, a los municipios. La paralización de la obra en la Terminal de Ómnibus es la cara más visible. Pero un recorrido por el distrito muestra en cada rincón pastizales que crecen en las banquinas de las rutas, luces apagadas por meses en las autopistas (lo que provoca frecuentes y graves siniestros viales) y escasa presencia de cooperativistas en la limpieza de las calles.

La segunda merma en la recaudación es un dato objetivo, que el gobierno local ha disimulado y que ha tenido escasa difusión en la prensa vernácula. Se trata de la disminución en un 5% del Código Único de Distribución (CUD) de la coparticipación que Luján debe recibir del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El índice correspondiente descendió del 0,85443 al 0,81171, y ello se ha debido, en principio, a dos razones. Para entenderlo, es necesario saber que ese CUD se conforma de acuerdo a tres ítems diferentes, entre los que sobresalen dos: el Régimen General, que se conforma según la superficie, la población y la capacidad tributaria de los 135 distritos bonaerenses y que incide en un 58% del CUD; y el Régimen de Salud, confeccionado a partir de la cantidad y complejidad de los servicios de salud del total de municipios, y que representa el 37% del índice de distribución de la coparticipación. El 5% restante surge del Régimen de Acción Social.

En el Régimen General, Luján en 2024 arrancó con desventaja. A partir de conocerse los datos oficiales del Censo 2022, se supo que la población de nuestro distrito, comparando con los datos del anterior relevamiento de 2010, creció apenas un 4,79% (pasó de 106.273 habitantes a 111.365). Esa cifra está muy por debajo de la media provincial, que mostró un crecimiento del 12,44% en ese período intercensal. Y lejísimos de la tasa en que aumentó la población de los municipios que nos rodean: el 14,97% en el caso de San Andrés de Giles, el 16,11% para Mercedes, el 19,52% para Navarro, el 18,02% para Las Heras, el 32,01% para Exaltación de la Cruz, el 32,10% para Pilar y un tremendo 64,26% para General Rodríguez. La cuenta entonces es sencilla: cuanto menor incidencia tiene la población local en el conjunto provincial, más pequeña es la porción de la torta coparticipable que se recibe.

El otro factor de pérdida de ingresos provinciales es, finalmente, la reducción de la capacidad instalada del sistema de salud municipal, debido a la entrega del Hospital “Nuestra Señora de Luján” votada entre gallos y medianoches por el Concejo Deliberante (el 28 de diciembre de 2022, el Día de los Santos Inocentes, la fecha preferida por el contubernio de concejales ofisitores y opocialistas para hacer sus fechorías).

Pero queda aún por saber cuál será el impacto del ajuste de Milei y Caputo en el cumplimiento fiscal de los contribuyentes municipales. Se espera que aumente la morosidad en el pago de las tasas locales como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo sufrida por jubilados y asalariados a partir de la devaluación de la moneda, la creciente inflación y el descontrolado aumento en las tarifas de los servicios (electricidad, gas, transporte público) y productos (alimentos, medicamentos, vestimenta) esenciales. Es imposible estimar hoy cuánto crecerá el incumplimiento tributario con el Municipio, sobre todo porque nada hacer pensar que el gobierno nacional afloje con el ajuste.

 

Gastan la nuestra

El contexto provocado por la herencia inflacionaria del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, más el despiadado ajuste de Milei y Caputo, deberían llevar a la gestión local a diseñar estrategias con que afrontar el difícil escenario actual. La prioridad debería ser utilizar racionalmente los escasos recursos disponibles para paliar las necesidades más urgentes de nuestra comunidad, y para eso recortar los gastos prescindibles, en especial los que están vinculados con el sostenimiento de la pesada estructura política municipal. Pero no es eso lo que está ocurriendo, lamentablemente.

Leonardo Boto Álvarez, Matías Fernández, Abel Rausch, Javier Omar Legorburu, Leonardo Santos, Daniel Domínguez, Magdalena Fernández, Juan Pablo Redondo, Silvio Hugo Martini, Virginia Martinelli, Esteban Strambi, Nicolás Capelli, Federico Vanin, Agustín Pedurán, Andrea Russo y Gonzalo G. Bonavita son los únicos nombres que aparecen en la página web oficial de la Municipalidad de Luján si alguien consulta para saber cuál es el organigrama de funcionarios locales.

Esos 15 nombres –la mayoría de ellos, prácticamente desconocidos para los vecinos– son apenas la cumbre visible de un gigantesco iceberg de 14 secretarios, 10 subsecretarios, 46 directores, 18 subdirectores, 6 delegados, 1 subdelegado y 9 coordinadores que navega a la deriva, oculto en las profundidades de una gestión voluminosa y, por lo tanto, de torpes movimientos. Es una trama de 105 cargos previstos en el Presupuesto 2024 para la planta política de la gestión de Boto. Es su estrategia para conformar a la complicada red de agrupaciones que lo llevaron al cargo de intendente y a su reciente reelección. En la jerga se dice que es el modo que tiene Boto de “garpar” a quienes pasan por ventanilla a facturarle sus éxitos electorales. Pero la verdad es que Boto no “garpa” nada; los que pagamos somos nosotros, con la nuestra.

Comenzando por el propio intendente, que en este mes de abril, gracias a los últimos acuerdos de la paritaria municipal, cobrará un nada despreciable sueldo de $ 5.849.000, el total de la planta de funcionarios políticos nos costará, durante este año 2024, unos $ 1.718.500.000 (¡casi dos millones de dólares!).

Pero el esquema de poder de Boto no sólo se basa en satisfacer el apetito de sus socios políticos, sino que al mismo tiempo debe alimentar la imagen de una gestión centralizada en su propia figura. Por eso la partida presupuestaria de 2024 para “Comunicación con la comunidad” (un eufemismo que engloba desde la abundante grabación de videos y la toma de fotografías del intendente hasta el pago de la pauta publicitaria en medios y redes) es de $ 197.521.951,43.

En el medio del temporal, mientras el 57% de la población está en la pobreza y el salario promedio de los vecinos de Luján no alcanza para cubrir la canasta básica, el intendente Boto manda que la orquesta siga tocando en la cubierta del Titanic. ¡Que siga el show!, parece ser la consigna.

 

Distintas maneras de votar

Los concejales tienen un modo explícito de votar, que es alzando las manos en un sentido u otro, o exclamando “afirmativo”, “negativo” o “abstención” cuando se les pregunta desde la Secretaría del cuerpo.

En una conformación del Concejo Deliberante como la actual, en la que el oficialismo y la oposición se reparten la representación –en teoría– en mitades iguales, también pueden votar no ya con sus brazos, sino con la parte más baja de sus espaldas apoyadas en las bancas.

Descontado la aprobación acrítica de los botistas Adriana Aranda, Martín Curieses, Federico Guibaud, Romina Grossi, Joaquín Martucci, Andrea Monzón, María Eva Rey, César Siror (con su voto doble, como presidente), Agustina Torres y Camila Zucchi, este nuevo impuestazo sólo puede ser frenado por quienes deberían ser la oposición local.

Matías Braticevic, Susana Busso, Pablo Carnevale, Camila Díaz, María de la Paz Elías, Francisco Giaccaglia, Alejandra Juárez, Agustín Musso, Andrés Salvatto y Micaela Varela pueden frenar la voracidad fiscal del intendente Boto si no se sientan en sus bancas a aprobar la creación de estos tributos. La consigna en defensa de los vecinos debe ser, entonces, no dar quorum a la angurria impositiva de Boto.

Los antecedentes de la oposición en situaciones similares no son muy alentadores: varios de estos concejales votaron otros impuestazos en 2022, mientras la sociedad desgarrada intentaba salir de la pandemia. Aún así, confiemos en que esta vez sean fieles al mandato y al juramento que los puso en donde están.