¡Que la inocencia nos valga!

Mientras el presidente Javier Milei va mostrando qué país pretende (suma del poder público y facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo, restricción a las libertades individuales, concentración del poder económico, presión tributaria sobre los sectores medios, pérdida salarial para los trabajadores, mayor desigualdad social y represión), en Luján también pasan cosas.

Yo no sé si el intendente Leonardo Boto será cabulero, pero parece creer que el 28 de diciembre es su día de suerte. En 2022, con la ayuda de algunos concejales opocialistas, consiguió aprobar el proyecto “Entre Puentes”, mediante el cual el Concejo Deliberante le delegó la facultad de llamar a licitación, redactar los pliegos, evaluar las ofertas y decidir la adjudicación para conceder la explotación comercial del mejor sector turístico de Luján por un plazo de hasta 40 años. Hoy sabemos, además, que la compensación que recibirá el Municipio será de $ 100.000 mensuales. ¡Un negoción!

¿Por qué no va a tener Boto entonces la expectativa de que los concejales le aprueben, en este otro Día de los Inocentes, los temas “de interés público y urgente” que pidió que sean tratados en la sesión extraordinaria de este 28 de diciembre de 2023?

La verdad es que cuesta creer que haya quienes sostengan que todos esos temas son “urgentes”. Ni Boto ni los concejales podrían mirar a nadie de frente y justificar, con cierto margen de razonabilidad, la necesidad de tratar y aprobar algunas de las iniciativas incluidas en la convocatoria. Aunque, como se trata del Día de los Inocentes y seguramente vienen cebados por cómo les fue con el proyecto “Entre Puentes” en 2022, es probable que hasta ellos mismos lo crean.

Pero, ¿qué pretende Boto y estaría dispuesto a aprobarle el cardumen de concejales opocialistas y ofisitores que conforman la nueva casta vernácula? Veamos.

 

Cómo hacer un buen negocio (con bienes del Estado)

Ya se sabe: hay políticas “transversales”, según definen los teóricos. En el barrio, en cambio, dicen que el poder casi siempre tiene las mismas prácticas, y que cuesta distinguir gobiernos de un signo o de otro si sólo se analizan sus decisiones. Por eso, subido a la misma ola privatizadora que empuja Milei, Boto propone vender un predio municipal, en este caso a un poderoso empresario de la construcción.

Se trata de un terreno de poco más de media hectárea (unos 5.200 m²) sobre Fray Manuel de Torres, junto al barrio La Palomita, que la gestión Boto quiere vender por un precio absurdo: $ 8.500.000, menos de 2 dólares por m².

 

Es raro que se haya descartado, sin ningún informe técnico que lo sustente, cualquier posibilidad de dar a ese terreno un uso público. Y también que se haya optado por venderlo directamente al vecino colindante, en lugar de licitarlo mediante subasta. Pero más llama la atención el precio, que fue sugerido por una “comisión tasadora” integrada por los funcionarios Pablo Girotto (Dirección de Planeamiento y Hábitat), Santiago Grosso (Subsecretaría de Ingresos Públicos) y Lucas Mirabelli (Dirección de Tierras y Vivienda).

Una última curiosidad: el expediente fue iniciado en enero 2011, pero en junio de 2013 el anterior interesado en esa compra dejó de actuar. Casi una década más tarde, el enero de 2023, las actuaciones fueron archivadas, “atento (…) que el recurrente no ha realizado reclamos y/o demostrado interés en la prosecución del presente trámite”. ¿Quién propuso el archivo? El ya mencionado Pablo Girotto. Y de pronto ocurrió que apareció un nuevo interesado, por lo que el expediente fue desarchivado. Sí, acertaste: el pedido de reactivación de las actuaciones lo hizo el mismísimo Girotto, el 2 de mayo de 2023… ¡anticipándose en 9 días a la existencia de una nota formal firmada por ese interesado!

 

La foto de Boto con Motto

Diego Motto es un dirigente de Patria Grande, una de las agrupaciones que forman parte del frente político que conduce el intendente Leonardo Boto. En noviembre de 2021 compró con su hermana Carolina una vieja casona en Carlos Keen, frente al predio de la estación, con un terreno de 16.977 m². Pagaron unos 25.000 dólares, al valor de esa moneda en el mercado blue de ese momento.

 

Los Motto sabían que ese inmueble no se podía subdividir, que la casona era un bien con protección histórica y que en ese lugar los únicos usos posibles eran el agropecuario y –en forma complementaria– el residencial (sólo para vivienda unifamiliar).

Diego Motto hace años que comparte militancia con Carolina Francia (presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Deliberante hasta el 10 de diciembre pasado) y en este último proceso electoral acompañó decididamente la reelección de Boto.

La cuestión es que (¿por esas razones?) el gobierno local propone que en esta sesión extraordinaria, con carácter de “urgente”, sea modificado el uso del suelo en la flamante adquisición de los hermanos Motto. Quieren que puedan subdividir esa fracción en 24 pequeños lotes, algunos de ellos –amparándose en la Ley de Acceso Justo al Hábitat– de apenas 200 m² de superficie.

¿Cuál puede ser la rentabilidad de la división de una única parcela, absolutamente limitada en cuanto a los usos posibles, en 24 lotes destinados a vivienda?

¿No existe una incompatibilidad entre la cercanía de Diego Motto al poder y la responsabilidad de los funcionarios que proponen esta excepción al Código de Ordenamiento Urbano?

¿Qué votarán los concejales que militaron junto a Motto la reciente campaña de Boto?

 

Lo último, porque siempre hay un dato más: el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), en el que participan técnicos, representantes de entidades y vecinos interesados en conocer y debatir la planificación urbanística local y la preservación de nuestro ambiente, dictaminó en contra de esta iniciativa. Pero esa opinión no figura en el expediente a tratar en el Concejo Deliberante. Mmmmmm…

Aparece, en cambio, un escrito de alguien que sí apoya esta excepción a favor del Motto. ¿Les suena el nombre del Pablo Girotto?

Last but not least

Los ingleses tienen esta hermosa expresión, mucho más eficaz en el idioma original que en su traducción al español (algo así como “por último, pero no menos importante”). Es útil cuando uno está haciendo una enumeración y quiere señalar que lo último que va a decir, aunque esté al final de la lista, no es menos significativo que todo lo anterior. O sea, “last but not least”.

En este caso, casi que se trata de algo más grave aún que la venta de un terreno municipal a precio ¿vil? y el otorgamiento de una excepción urbanística a un militante amigo del poder: Boto quiere que el Concejo Deliberante le otorgue “facultades extraordinarias” en materia de habilitación de industrias en el Partido de Luján.

En uno de los puntos del temario figura un proyecto de concejales ofisitores que proponen que durante todo un año el intendente pueda permitir el funcionamiento de establecimientos industriales, aún en aquellos sitios o en condiciones no permitidos por el Código de Ordenamiento Urbano (COU).

Yo pienso que ser republicano es estar en contra de que cualquier órgano del poder ejerza competencias que son propias de otro órgano, sea Milei con el DNU o Boto con el COU. Pero tal vez lo que yo pienso no está de moda en estos días.

Continuará…

Una excepción al COU para habilitar un parque industrial y tecnológico en un barrio urbano, otra para lotear un predio de Open Door, otra para hacer un centro comercial en la ruta 6, otra para ampliar un área industrial en la misma zona…

¡Y el Presupuesto 2024, con un sueldo para el intendente Boto de $ 4.062.168 por mes!

¡Habrá más informaciones para el próximo boletín!