Modus operandi (I) - El paso a paso
En el Concejo Deliberante de Luján parece haberse entramado una alianza entre el oficialismo y sectores de la oposición, desdibujando los límites que los separan. Así pueden juntar sus votos para la toma de las decisiones que les interesan. ¿Lo hacen para averiguar saber cómo está ahora el Hospital, después de que ellos mismos lo entregaron a la Provincia? ¿Tal vez para preguntar a los funcionarios policiales y de Seguridad qué están haciendo para controlar la proliferación de robos y otros delitos, sobre todo en los barrios y las localidades? ¿O quizás para ver si hace falta reorganizar el presupuesto municipal, asignando nuevas partidas a la asistencia alimentaria de los cientos de familias lujanenses arrojadas a la pobreza por el brutal ajuste de Javier Milei y Luis Caputo? Nada de eso: el 28 de diciembre de 2023 (en la única sesión que tuvo el Concejo de Luján durante tres meses) las manos de uno y otro lado de la grieta se sumaron para aprobar excepciones a las normas urbanísticas en beneficio de unos pocos particulares, permitiéndoles hacer negocios que no estaban permitidos. ¿Convivencia democrática? En cualquier lugar civilizado del mundo eso tiene otro nombre…
A pesar de sus orígenes diversos (botismo, camporismo, evitismo, graboismo, massismo y algún otro ismo más), el bloque de Unión por la Patria es uno solo y tiene 10 concejales. Tiene también la presidencia del Concejo, que ocupa César Siror, y con ese voto doble se aseguran –siempre que tengan quorum en las sesiones– la aprobación de todo lo que proponga el intendente Leonardo Boto. En los pasillos lo critican, se quejan del “estilo del porteño” y cuestionan las prioridades del gobierno municipal. Pero en público se muestran unidos, sin fisuras. Son, obviamente, oficialistas. Y también un poco opositores. Me gusta llamarlos ofisitores.
Enfrente sí hay una mezcolanza que nadie puede ensamblar. Menos radicales (por la “exitosa” gestión de Ezequiel Pérez Naveiro al frente del Comité, en tres años la UCR perdió las cinco bancas que tenía en el Concejo Deliberante y otras dos que ocupaba en el Consejo Escolar), hay de todo: Unión Vecinal, PRO, libertarios. En las redes son todos halcones, los más férreos opositores. Dicen que “Boto es la Cámpora”, que es un llorón, que no hay obras importantes, que el gobierno municipal es puro maquillaje. Pero la verdad es que, cuando se les pide, salen corriendo con el rímel y la polvera para acomodar la cosmética de la gestión local, en especial si se trata de negocios de particulares. En el diccionario de nuestro idioma debería existir una palabra para definirlos: opocialistas.
Unos y otros quedaron al descubierto (salvo para la domesticada prensa vernácula) en esa única sesión que hicieron desde que se conformó la actual composición, cuando juntos votaron a favor de cuatro excepciones al Código de Ordenamiento Urbano. Como expliqué en Que la inocencia nos valga, una de las excepciones fue en beneficio de Diego Motto, dirigente de la agrupación kirchnerista Patria Grande, y muy cercano a la gestión de Boto. Ahora voy a ocuparme de los otros tres casos, en los que se ha seguido siempre el mismo procedimiento. Algo así como un “modus operandi” que podría describirse así:
Paso a paso
Hubo tres expedientes de características similares y recorridos parecidos que fueron aprobados por los concejales ofisitores y opocialistas en la sesión del 28 de diciembre de 2023. Todas eran excepciones al COU: dos para subdividir en pequeños lotes, alzar viviendas multifamiliares y construir centros comerciales (un proyecto sobre la ruta 192, en la localidad de Open Door, y el otro en las cercanías del cruce del Acceso Oeste y la autopista 6) y otra para permitir un parque industrial sobre la autopista 6, a orillas del río Luján.
El procedimiento ha sido casi siempre el mismo:
Primero, alguien apareció comprando una fracción de tierra. No se trataba de un propietario anterior ni de herederos que hubieran recibido un inmueble de sus ancestros. En tres casos (incluyendo el anterior de Motto) se presentó algún comprador que adquirió un predio, que obviamente estaba emplazado en un lugar específico, que tenía definidas de antemano las regulaciones urbanísticas vigentes: cuáles eran las superficies y los frentes mínimos de los terrenos en que podía ser fraccionada la tierra, los retiros y densidades que debían ser respetados y –sobre todo– qué usos estaban permitidos y cuáles eran prohibidos.
Meses más tarde, los nuevos propietarios presentaron a la Municipalidad de Luján un proyecto de desarrollo que no condecía con las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano vigentes al momento de ser realizada cada compra.
Los nombres en los expedientes suelen repetirse, ya sea el del escribano que otorga las escrituras, el del martillero que realiza las gestiones antes el Municipio o el de un comprador o vendedor de los inmuebles a rezonificar.
Otra constante es que las actuaciones fueron comenzadas, en todos los casos, sin que los iniciadores presentaran la documentación que acreditara la propiedad de los inmuebles sobre los que proyectaban sus emprendimientos ni la representación otorgada a quienes realizaban la gestión, en aquellos casos en que no eran llevadas adelante directamente por los propietarios. A pesar de ello, los expedientes fueron avanzando en la burocracia municipal, hasta que –no siempre, como se verá– el área legal objetó la falta de esos documentos, o hasta que llegaron al Concejo Deliberante y éste los devolvió al Departamento Ejecutivo para su “actualización”.
Una intervención estelar en las tramitaciones, reiterada en cada caso (como autoridad de aplicación del COU, designada por ese mismo código), ha sido la de Pablo Girotto, director de Planeamiento y Hábitat de Boto. Hombre de pocas palabras (al menos al momento de justificar sus dictámenes técnicos), el funcionario siempre ha encontrado convenientes las iniciativas de estos particulares, y en consecuencia ha sugerido al intendente que propusiera a los concejales la aprobación de las excepciones solicitadas. Cuando tuvo que escribir argumentos, incluso optó por la más fácil, y directamente reprodujo textualmente las exposiciones de los particulares iniciadores de los expedientes. Como lo hizo al proponer, en uno de los proyectos de ordenanza, un artículo diciendo que: “El presente emprendimiento se encuentra destinado a cubrir la demanda de viviendas de las familias que desean radicarse en el partido de Luján, transformándose además en flujo de trabajo para toda la comunidad y zonas aledañas, dando prioridad para la construcción a la provisión de mano de obra local como así también que todos los materiales serán provistos por proveedores de la zona”.
Con las propuestas de excepción redactadas por Girotto, el intendente Boto envió entonces los expedientes al Concejo Deliberante. Y aquí se repitió un proceder que el gobierno municipal y los concejales (de uno y otro lado) vienen reiterando desde hace al menos dos años, siempre con la finalidad de avanzar con la aprobación de las excepciones sin importar los condicionamientos normativos ni las opiniones técnicas adversas. Para eso, no les ha temblado el pulso para eludir o desatender la intervención del Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), organismo creado por la Ordenanza 7.417 y que tiene entre sus funciones la de “dictaminar sobre eventuales propuestas de adecuación y/o modificación total o parcial al COU, incluida cualquier rezonificación y/o modificación de fichas técnicas y/o cuadro de usos, etcétera”; y la de “evaluar y dictaminar sobre nuevos emprendimientos urbanísticos y/o rurales y/o comerciales y/o industriales que sean elevados al Honorable Concejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo”. Las opciones para ignorar al CUA han sido diversas: no enviarle los expedientes que debiera analizar, a pesar de ser reclamados; girarle las actuaciones pero no esperar que emitiera su dictamen; contar con el informe técnico del organismo pero no incorporarlo al expediente; o, finalmente, votar en contra de la sugerencia, opinión o propuesta del CUA. Lo paradójico es que quienes así se burlan del funcionamiento del CUA (Boto, sus funcionarios, los concejales ofisitores) son los mismos que oportunamente impulsaron su creación.
Para completar a toda orquesta el festival de excepciones, los expedientes fueron definidos por el intendente Boto (y aceptados por los concejales de todos los colores) como asuntos “de interés público y urgente”, al incluirlos en la convocatoria a la sesión extraordinaria del 28 de diciembre de 2023. Sí, en eso ocurrió en el Día de los Santos Inocentes. Como decía el genial Tato Bores: “No parece joda. ¡Es joda!”.
Sin chistar, sin abrir la boca, alzando sus manos dócilmente, haciendo caso omiso de cualquier grieta, sin explicar cuáles eran los intereses públicos y urgentes que defendían, las excepciones (así como otros expedientes en beneficio de particulares) fueron aprobadas por el cardumen de los diez concejales ofisitores (César Siror, Eva Rey, Joaquín Martucci, Federico Guibaud, Martín Curieses, Adriana Aranda, Camila Zucchi, Agustina Torres, Romina Grossi y Andrea Monzón) más cinco de los opocialistas (Andrés Salvatto, Pablo Carnevale, Matías Braticevic, Alejandra Juárez y Francisco Giaccaglia).
Un suponer…
Supongamos que hay un lugar que se llama Quicolandia, en donde está prohibida la tracción a sangre. Allí no puede haber carros tirados a caballo para transportar personas ni cargas. La infracción es penada con multas y el decomiso de animales, carros y mercaderías.
Supongamos que un día llega a Quicolandia una empresa que recorre los barrios y logra comprar una decena de caballos y carros que todavía quedaban en los fondos de las casas.
Supongamos que una vez hecho eso, la empresa pide al alcalde que le permita, como excepción, montar un servicio de transporte en carruajes.
Supongamos que ni el alcalde ni sus colaboradores ni los ediles (los propios y los que lo critican) dudan, y rápidamente terminan con la prohibición, pero sólo para esa empresa que la pidió.
Supongamos entonces que en poco tiempo, la empresa prospera con un excelente negocio que antes no estaba permitido, y que además sigue impedido para todos los demás.
¿A nadie en Quicolandia le llamaría la atención todo esto? ¿Nadie se preguntaría qué interés fue beneficiado? ¿Y quiénes y por qué lo hicieron?
Caso
por caso
En estos días les contaré cómo estos comportamientos se fueron repitiendo en cada caso.
¡Los espero!
Comentarios
Publicar un comentario